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Entrevista con Diego Corrales sobre estrategia política

La estrategia política es un terreno complejo y lleno de obstáculos. De por medio suele estar el acceso al poder sobre la vida de cientos, o millones, de personas. Por eso no es extraño que se utilicen todos los recursos disponibles para tratar de conseguir el favor de los electores. Marketing, estrategia y psicología están al orden del día cuando se habla de propaganda política y campañas. Para hablar de ello hemos invitado a un experto en GALERÍA POLÍTICA.

Diego Corrales está cumpliendo cinco años al mando de su empresa de marketing político, en la que ha asesorado a partidos y reconocidos personajes políticos en Colombia y América Latina. En GALERÍA POLÍTICA estuvimos conversando con él sobre estrategia y política para tratar de develar los secretos que hay detrás de las campañas exitosas, sobre la importancia de los asesores y el equipo de campaña y de la inteligencia para jugar en el tablero del ajedrez electoral. Los dejamos con la entrevista a continuación:

Entran en operación vuelos internacionales en aeropuerto de Medellín


El aeropuerto Olaya Herrera de Medellín abrió oficialmente su pista para recibir vuelos internacionales, después de varias décadas de recibir sólo vuelos domésticos. Así se estableció al regir la nueva resolución que autoriza al terminal aéreo a recibir aeronaves que llegan a Medellín desde fuera del país.

“Los vuelos que aprobó la Aeronáutica Civil, que se pueden realizar desde la Terminal son de la aviación corporativa, aviación ejecutiva y general. Lo importante es que no sea aviación para explotación comercial. También pueden operar vuelos nacionales e internacionales de la aviación militar y de Estado”, precisó Jorge Hugo Duarte Guzmán, gerente del aeropuerto Olaya Herrera.

Diariamente, el aeropuerto Olaya Herrera moviliza entre 1.000 y 3.000 pasajeros, en más de 200 operaciones comerciales, siendo el segundo de mayor importancia después del José María Córdova en Rionegro. La reactivación de los vuelos internacionales favorece a la ciudad de Medellín que se ha convertido en referente de eventos y servicios a nivel internacional, facilitando así el crecimiento de la economía local.

Organización internacional cuestiona la Justicia Transicional

La oficina en Washington para asuntos Latinoamericanos (WOLA) aseguró que  la Nueva Ley de Justicia Transicional de Colombia va en contravía del espíritu de los Acuerdos de Paz porque viola el artículo 28 del Estatuto de Roma, que exige a los estados responsabilizar a comandantes militares y de grupos armados que “Hubiere sabido o, en razón de las circunstancias del momento, hubiere debido saber” que sus subordinados estaban cometiendo un crimen de guerra.

Según WOLA, con el lenguaje que acaba de aprobar el Congreso de la República, solo serían responsables los comandantes que tuvieran “control efectivo con conocimiento basado en la información a su disposición antes, durante, o después” del abuso y “medios a su alcance para prevenir que se cometa o se siga cometiendo la conducta punible, siempre y cuando las condiciones fácticas lo permitan”.

Lo anterior quiere decir que los principales líderes militares y comandantes de unidades podrían evitar la sentencia, reclamando que no tenían control efectivo sobre el personal que cometió los abusos, para WOLA la ignorancia de la actividad de los subordinados no los exonera de la culpa.

Cabe recordar que, inicialmente, el acuerdo de paz estaba conformado por normas más estrictas y contaba con la aplicación del artículo 28 del Estatuto de Roma. Para WOLA, la presión que ejercieron los oficiales colombianos retirados hizo que horas antes de la firma del acuerdo final el gobierno colombiano cambiara unilateralmente el texto del acuerdo para eliminar la referencia al artículo 28, lo que fue aceptado por las FARC.

En ese orden de ideas, el hecho de que el artículo 28 no esté incluido en el nuevo acuerdo abre las puertas a la impunidad para aquellos que ordenaron, planearon, habilitaron o encubrieron crímenes de guerra.

La justicia transicional busca responsabilizar a violadores de los derechos humanos y convencerlos del desarme. El proyecto de ley hace mucho más difícil procesar a civiles que ayudaron y fomentaron las operaciones de grupos armados que resultaron en crímenes de guerra, pues el acuerdo de paz pretendía que la justicia transicional se aplicara no sólo a ex guerrilleros y miembros de la fuerza de seguridad, sino también a civiles que pudieron haber ayudado o incitado crímenes de guerra. El Congreso de Colombia ha cambiado eso también.

WOLA anunció que hará que la Corte Penal Internacional tome cartas en el asunto, si por alguna razón la Corte Constitucional no regula el sistema de justicia transicional de Colombia, alineándolo con las normas internacionales y el espíritu de los acuerdos.

Ex secretario de la ANI implicado en escándalo Odebrecht

Juan Sebastián Correa Echeverri, ex secretario privado  de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), será la quinta persona que responderá ante la justicia por el escándalo de los sobornos pagados por Odebrecht en Colombia.

La Fiscalía le imputará cargos a Correa Rodríguez, investigado en el caso Odebrecht, porque según las investigaciones, Correa habría sido el enlace entre el ex congresista Otto Bula, implicado por el caso de corrupción de la multinacional, y la ANI. 

La Fiscalía tiene indicios de que Correa tiene toda la información sobre cómo se adjudicó el otrosí para la vía Ocaña-Gamarra, a favor de la firma brasilera Odebrecht, la Fiscalía llamó a juicio al ex congresista Bula y al ex viceministro Gabriel García Morales.

Por su parte, la Agencia Nacional de Infraestructura, explicó que las funciones de Juan Sebastián Correa Echeverri no tenían nada que ver con un nivel de decisión, ni acceso a información privilegiada de los proyectos, así como tampoco influía en determinaciones de tipo técnico o legal de la entidad.

Por la corrupción generada por la firma brasileña están presos el ex congresista Otto Bula, el ex viceministro de Transporte Gabriel García, el contratista Andrés Cardona y el empresario Enrique Ghisays. Correa aparece en el capítulo del sobornos de 4,6 millones de dólares que se habrían pagado para obtener mega concesiones desde el 2014. Es el mismo caso por el que será llamado a juicio Bula, a quien la Fiscalía le imputó cargos de cohecho y enriquecimiento ilícito.