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Justicia estadounidense le otorga libertad bajo fianza a Andrés Felipe Arias

El juez John Sullivan, encargado del caso de Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura, dio a conocer que este podrá estar en libertad bajo fianza mientras se resuelve el proceso de extradición a Colombia o se confirma su solicitud de asilo en el país norteamericano.

Para continuar en libertad, Arias deberá pagar una fianza de un millón de dólares, que debe ser firmada y respaldada por un ciudadano norteamericano, el cual tenga una propiedad de finca raíz por el valor de la fianza.

En días pasados, Wifredo Ferrer, de la Fiscalía General de La Florida, había solicitado la captura del Exministro de Agricultura por riesgo de fuga, teniendo en cuenta el antecedente de lo sucedido en Colombia, cuando Arias evadió a la justicia colombiana y a la condena, por parte de la Corte Suprema de Justicia, de 17 años de prisión por las irregularidades en los contratos de Agro Ingreso Seguro.

 Lo que falta

El proceso de Arias todavía tiene que cumplir importantes etapas en Estados Unidos,  lo que se está discutiendo es si el tratado está vigente o no.

Después, Arias tendrá que enfrentarse a un juicio de fondo sobre si se efectúa su traslado a Colombia. La Fiscalía tiene plazo hasta el próximo 24 de marzo para presentar un memorando y Arias hasta el 28 de abril para contestarlo.

 Arias está tramitando una solicitud de asilo en Estados Unidos. Si se lo conceden, se interrumpe el proceso de extradición ¿por qué? Significaría que ese Estados Unidos lo considera como un perseguido político y que por eso no hay garantías para enviarlo a Colombia.

Fiscalía ordena extinción de dominio de bienes obtenidos por Gabriel García Morales

La Fiscalía ordenó extinción de dominio sobre los activos pertenecientes al ex viceministro de Transporte, Gabriel García Morales, y de los hermanos Enrique José y Eduardo Assad Ghisays Manzur, entre ellos 5 bienes en Cartagena, dos vehículos y 4 millones de dólares en acciones de la empresa Lourion Traiding.

Dichos bienes están avaluados en más de de $12.500 millones de pesos y habían sido obtenidos por García Morales del soborno de $6,5 millones de dólares que le hizo a Odebretch para obtener irregularmente el contrato de obra del Tramo II de la Ruta del Sol.

Según las investigaciones, el pago de 6.5 millones de dólares que García Morales habría recibido de Odebrecht fueron canalizados a través de una cuenta de la empresa Lourion Traiding, creada en Panamá con la colaboración de los empresarios Ghisays.

Según la Fiscalía, para esconder el dinero, García contactó a los hermanos Enrique José Ghisays Manzur y Eduardo Ghisays Manzur, quienes crearon la sociedad en Panamá Lurion Trading Inc., en la que se depositó el dinero del soborno a través de una cuenta abierta en Andorra y posteriormente se invirtió el dinero en las empresas Pacific Infrastructure y Oil &Gas Logistics.

De acuerdo con la investigación, los hermanos Ghisays Manzur habrían recibido una comisión de 700 mil dólares para que se creara en 2010 la sociedad panameña denominada Lurion Trading Inc., en la que se depositó el dinero de Odebrecht.

Andrea Malagón, directora de la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía, los inmuebles fueron rastreados en Cartagena, Bolívar, y entre lo decomisado hay un parqueadero, apartamentos y locales comerciales.

Apoyo a grupos ilegales será considerado concierto para delinquir agravado como crimen de lesa humanidad

La Fiscalía determinó que los empresarios e industriales que “por convicción y/o conveniencia” hayan contribuido a grupos paramilitares, podrían ser investigados por el delito de “concierto para delinquir agravado como crimen de lesa humanidad.”

Pues, según el ente de control, la expansión del paramilitarismo en el Urabá se dio gracias al apoyo financiero y logístico de las empresas bananeras de la región, apoyo que no fue por obligación.

Según la Fiscalía, aquellos que hayan apoyado a grupos ilegales en Urabá, también serán procesados. “Entiéndase Farc, Epl, Eln y la Corriente de Renovación Socialista CRS, organizaciones armadas, que documentalmente se encuentra probado hicieron presencia en esa zona desde la década de los 70 y fueron presumiblemente autoras de un sinnúmero de hechos delictivos”.

Hay pruebas que demuestran que las Cooperativas de Vigilancia (Convivir) fueron diseñadas desde el paramilitarismo y usadas como una fachada para recibir financiación de las empresas bananeras y como un medio “para la adquisición de armamento de uso privativo de la Fuerza Pública”, afirmó la Fiscalía.

Raúl Sánchez, profesor de la Universidad del Rosario y abogado litigante ante la Corte Penal Internacional, explicó que un crimen de lesa humanidad se caracteriza por ser una conducta generalizada y sistemática contra la población civil y aclaró que “lo que hizo la Fiscalía fue recoger legislación internacional y nacional, pues la Corte Suprema de Justicia ha señalado que muchas conductas, como el concierto para delinquir, son crímenes de lesa humanidad”.

Sánchez señaló que la Fiscalía está siendo consecuente con lo que la Comisión Interamericana de Derechos humanos le recomendó al Estado colombiano en 2012 , cuando pidió investigar la financiación de grupos armados bajo el delito de concierto para delinquir agravado, que en el caso de varios congresistas procesados por parapolítica, fue declarado como crimen de lesa humanidad.

Andrés Felipe Arias expresa que no puede ser extraditado

Andrés Felipe Arias, ex ministro de Agricultura, está pidiendo asilo político en Estados Unidos por persecución política y falta de garantías judiciales en Colombia.

Desde octubre del año pasado, Andrés Felipe Arias está pidiendo a la Corte, junto con sus abogados, que niegue la extradición con base en el hecho de que, entre Colombia y Estados Unidos no existe un tratado actual de extradición.

Por lo anterior, Arias y sus abogados expresan que la Corte de la Florida no tiene jurisdicción para enviarlo de regreso a Colombia, donde la Corte Suprema de Justicia pide que cumpla la condena impuesta en el 2014, cuando lo sentenció a 17 años de prisión, por su responsabilidad en las adjudicaciones irregulares de subsidios del programa Agro Ingreso Seguro.

El presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia, José Francisco Acuña manifiesta que Arias debe ser extraditado a Colombia para que cumpla su condena.

En otros casos como los de Makled  y Alexánder Farfán, alias Gafas, quien fue capturado durante la operación Jaque en julio de 2008 no se solicitó  extradición, Arias sostiene que en Colombia se ha negado extradiciones a Estados Unidos para otros casos.