Organización internacional cuestiona la Justicia Transicional

La oficina en Washington para asuntos Latinoamericanos (WOLA) aseguró que  la Nueva Ley de Justicia Transicional de Colombia va en contravía del espíritu de los Acuerdos de Paz porque viola el artículo 28 del Estatuto de Roma, que exige a los estados responsabilizar a comandantes militares y de grupos armados que “Hubiere sabido o, en razón de las circunstancias del momento, hubiere debido saber” que sus subordinados estaban cometiendo un crimen de guerra.

Según WOLA, con el lenguaje que acaba de aprobar el Congreso de la República, solo serían responsables los comandantes que tuvieran “control efectivo con conocimiento basado en la información a su disposición antes, durante, o después” del abuso y “medios a su alcance para prevenir que se cometa o se siga cometiendo la conducta punible, siempre y cuando las condiciones fácticas lo permitan”.

Lo anterior quiere decir que los principales líderes militares y comandantes de unidades podrían evitar la sentencia, reclamando que no tenían control efectivo sobre el personal que cometió los abusos, para WOLA la ignorancia de la actividad de los subordinados no los exonera de la culpa.

Cabe recordar que, inicialmente, el acuerdo de paz estaba conformado por normas más estrictas y contaba con la aplicación del artículo 28 del Estatuto de Roma. Para WOLA, la presión que ejercieron los oficiales colombianos retirados hizo que horas antes de la firma del acuerdo final el gobierno colombiano cambiara unilateralmente el texto del acuerdo para eliminar la referencia al artículo 28, lo que fue aceptado por las FARC.

En ese orden de ideas, el hecho de que el artículo 28 no esté incluido en el nuevo acuerdo abre las puertas a la impunidad para aquellos que ordenaron, planearon, habilitaron o encubrieron crímenes de guerra.

La justicia transicional busca responsabilizar a violadores de los derechos humanos y convencerlos del desarme. El proyecto de ley hace mucho más difícil procesar a civiles que ayudaron y fomentaron las operaciones de grupos armados que resultaron en crímenes de guerra, pues el acuerdo de paz pretendía que la justicia transicional se aplicara no sólo a ex guerrilleros y miembros de la fuerza de seguridad, sino también a civiles que pudieron haber ayudado o incitado crímenes de guerra. El Congreso de Colombia ha cambiado eso también.

WOLA anunció que hará que la Corte Penal Internacional tome cartas en el asunto, si por alguna razón la Corte Constitucional no regula el sistema de justicia transicional de Colombia, alineándolo con las normas internacionales y el espíritu de los acuerdos.

Ex secretario de la ANI implicado en escándalo Odebrecht

Juan Sebastián Correa Echeverri, ex secretario privado  de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), será la quinta persona que responderá ante la justicia por el escándalo de los sobornos pagados por Odebrecht en Colombia.

La Fiscalía le imputará cargos a Correa Rodríguez, investigado en el caso Odebrecht, porque según las investigaciones, Correa habría sido el enlace entre el ex congresista Otto Bula, implicado por el caso de corrupción de la multinacional, y la ANI. 

La Fiscalía tiene indicios de que Correa tiene toda la información sobre cómo se adjudicó el otrosí para la vía Ocaña-Gamarra, a favor de la firma brasilera Odebrecht, la Fiscalía llamó a juicio al ex congresista Bula y al ex viceministro Gabriel García Morales.

Por su parte, la Agencia Nacional de Infraestructura, explicó que las funciones de Juan Sebastián Correa Echeverri no tenían nada que ver con un nivel de decisión, ni acceso a información privilegiada de los proyectos, así como tampoco influía en determinaciones de tipo técnico o legal de la entidad.

Por la corrupción generada por la firma brasileña están presos el ex congresista Otto Bula, el ex viceministro de Transporte Gabriel García, el contratista Andrés Cardona y el empresario Enrique Ghisays. Correa aparece en el capítulo del sobornos de 4,6 millones de dólares que se habrían pagado para obtener mega concesiones desde el 2014. Es el mismo caso por el que será llamado a juicio Bula, a quien la Fiscalía le imputó cargos de cohecho y enriquecimiento ilícito.

Justicia estadounidense le otorga libertad bajo fianza a Andrés Felipe Arias

El juez John Sullivan, encargado del caso de Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura, dio a conocer que este podrá estar en libertad bajo fianza mientras se resuelve el proceso de extradición a Colombia o se confirma su solicitud de asilo en el país norteamericano.

Para continuar en libertad, Arias deberá pagar una fianza de un millón de dólares, que debe ser firmada y respaldada por un ciudadano norteamericano, el cual tenga una propiedad de finca raíz por el valor de la fianza.

En días pasados, Wifredo Ferrer, de la Fiscalía General de La Florida, había solicitado la captura del Exministro de Agricultura por riesgo de fuga, teniendo en cuenta el antecedente de lo sucedido en Colombia, cuando Arias evadió a la justicia colombiana y la condena, por parte de la Corte Suprema de Justicia, de 17 años de prisión por las irregularidades en los contratos de Agro Ingreso Seguro.

 Lo que falta

El proceso de Arias todavía tiene que cumplir importantes etapas en Estados Unidos,  lo que se está discutiendo es si el tratado está vigente o no.

Después, Arias tendrá que enfrentarse a un juicio de fondo sobre si se efectúa su traslado a Colombia. La Fiscalía tiene plazo hasta el próximo 24 de marzo para presentar un memorando y Arias hasta el 28 de abril para contestarlo.

 Arias está tramitando una solicitud de asilo en Estados Unidos. Si se lo conceden, se interrumpe el proceso de extradición ¿por qué? Significaría que ese Estados Unidos lo considera como un perseguido político y que por eso no hay garantías para enviarlo a Colombia.

Fiscalía ordena extinción de dominio de bienes obtenidos por Gabriel García Morales

La Fiscalía ordenó extinción de dominio sobre los activos pertenecientes al ex viceministro de Transporte, Gabriel García Morales, y de los hermanos Enrique José y Eduardo Assad Ghisays Manzur, entre ellos 5 bienes en Cartagena, dos vehículos y 4 millones de dólares en acciones de la empresa Lourion Traiding.

Dichos bienes están avaluados en más de de $12.500 millones de pesos y habían sido obtenidos por García Morales del soborno de $6,5 millones de dólares que le hizo a Odebretch para obtener irregularmente el contrato de obra del Tramo II de la Ruta del Sol.

Según las investigaciones, el pago de 6.5 millones de dólares que García Morales habría recibido de Odebrecht fueron canalizados a través de una cuenta de la empresa Lourion Traiding, creada en Panamá con la colaboración de los empresarios Ghisays.

Según la Fiscalía, para esconder el dinero, García contactó a los hermanos Enrique José Ghisays Manzur y Eduardo Ghisays Manzur, quienes crearon la sociedad en Panamá Lurion Trading Inc., en la que se depositó el dinero del soborno a través de una cuenta abierta en Andorra y posteriormente se invirtió el dinero en las empresas Pacific Infrastructure y Oil &Gas Logistics.

De acuerdo con la investigación, los hermanos Ghisays Manzur habrían recibido una comisión de 700 mil dólares para que se creara en 2010 la sociedad panameña denominada Lurion Trading Inc., en la que se depositó el dinero de Odebrecht.

Andrea Malagón, directora de la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía, los inmuebles fueron rastreados en Cartagena, Bolívar, y entre lo decomisado hay un parqueadero, apartamentos y locales comerciales.