La oficina en Washington para asuntos Latinoamericanos (WOLA) aseguró que  la Nueva Ley de Justicia Transicional de Colombia va en contravía del espíritu de los Acuerdos de Paz porque viola el artículo 28 del Estatuto de Roma, que exige a los estados responsabilizar a comandantes militares y de grupos armados que “Hubiere sabido o, en razón de las circunstancias del momento, hubiere debido saber” que sus subordinados estaban cometiendo un crimen de guerra.

Según WOLA, con el lenguaje que acaba de aprobar el Congreso de la República, solo serían responsables los comandantes que tuvieran “control efectivo con conocimiento basado en la información a su disposición antes, durante, o después” del abuso y “medios a su alcance para prevenir que se cometa o se siga cometiendo la conducta punible, siempre y cuando las condiciones fácticas lo permitan”.

Los principales líderes militares y comandantes de unidades podrían evitar la sentencia, reclamando que no tenían control efectivo sobre el personal que cometió los abusos, para WOLA la ignorancia de la actividad de los subordinados no los exonera de la culpa. Foto: insightcrime.org

El hecho de que el artículo 28 no esté incluido en el nuevo acuerdo abre las puertas a la impunidad para aquellos que ordenaron, planearon, habilitaron o encubrieron crímenes de guerra. La justicia transicional busca responsabilizar a violadores de los derechos humanos y convencerlos del desarme. Foto: Alto Nivel

WOLA anunció que hará que la Corte Penal Internacional tome cartas en el asunto, si por alguna razón la Corte Constitucional no regula el sistema de justicia transicional de Colombia, alineándolo con las normas internacionales y el espíritu de los acuerdos. Foto: wola.org

Para WOLA, la presión que ejercieron los oficiales colombianos retirados hizo que horas antes de la firma del acuerdo final el gobierno colombiano cambiara unilateralmente el texto del acuerdo para eliminar la referencia al artículo 28, lo que fue aceptado por las FARC. Foto: Caracol Radio

Lo anterior quiere decir que los principales líderes militares y comandantes de unidades podrían evitar la sentencia, reclamando que no tenían control efectivo sobre el personal que cometió los abusos, para WOLA la ignorancia de la actividad de los subordinados no los exonera de la culpa.

Cabe recordar que, inicialmente, el acuerdo de paz estaba conformado por normas más estrictas y contaba con la aplicación del artículo 28 del Estatuto de Roma. Para WOLA, la presión que ejercieron los oficiales colombianos retirados hizo que horas antes de la firma del acuerdo final el gobierno colombiano cambiara unilateralmente el texto del acuerdo para eliminar la referencia al artículo 28, lo que fue aceptado por las FARC.

En ese orden de ideas, el hecho de que el artículo 28 no esté incluido en el nuevo acuerdo abre las puertas a la impunidad para aquellos que ordenaron, planearon, habilitaron o encubrieron crímenes de guerra.

La justicia transicional busca responsabilizar a violadores de los derechos humanos y convencerlos del desarme. El proyecto de ley hace mucho más difícil procesar a civiles que ayudaron y fomentaron las operaciones de grupos armados que resultaron en crímenes de guerra, pues el acuerdo de paz pretendía que la justicia transicional se aplicara no sólo a ex guerrilleros y miembros de la fuerza de seguridad, sino también a civiles que pudieron haber ayudado o incitado crímenes de guerra. El Congreso de Colombia ha cambiado eso también.

WOLA anunció que hará que la Corte Penal Internacional tome cartas en el asunto, si por alguna razón la Corte Constitucional no regula el sistema de justicia transicional de Colombia, alineándolo con las normas internacionales y el espíritu de los acuerdos.