Colombia abre oficialmente la puerta a la paz

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Después de aproximadamente 5 décadas de conflicto armado, varios años de negociaciones y diálogos, de un plebiscito que sorprendió a muchos,  se firmó el acuerdo de paz definitivo entre el Gobierno y las Farc. En este se encuentran las propuestas que sus detractores hicieron.

Foto: AFP / Carlos Ortega / EL TIEMPO         

El Presidente Santos expresó que con el acuerdo lo que se pretende es que  las Farc ejerzan la contienda política legal, Timochenko por su parte expresó agradecimiento hacia las movilizaciones sociales que contribuyeron a una salida negociada.

La plaza de Bolívar y aquellos ciudadanos que durmieron 47 noches allí luego de los resultados del pasado plebiscito, llamados Campistas por la paz, fueron los más emocionados al enterarse de la noticia que tanto esperaban y por la que tanto reclamaron en nombre de muchos colombianos.

El primer paso, después de firmado el acuerdo, será el desarme de las Farc. Un hecho bastante significativo para caminar hacia la construcción de una paz en un país como el nuestro, en el que, a pesar de la indignación que causan  tantos desplazamientos, desapariciones, asesinatos y masacres, se volvieron parte de la cotidianidad.

Para garantizar el cese al fuego y las hostilidades y la dejación de armas de las Farc en manos de la ONU,  habrá 23 zonas veredales donde se llevará a cabo este proceso. Aproximadamente 8 campamentos especiales estarán en los departamentos de Guajira,  Antioquia,  Chocó,   Córdoba, Cauca,  Caquetá, Meta y Guainía.

Corte salvó el Marco Jurídico para la Paz pero le pusó freno a la política del Fiscal Montealegre

Diálogos FARC en La Habana
Con una votación holgada de siete magistrados contra dos, la Corte Constitucional de Colombia avaló el llamado Marco Jurídico para la Paz, una de las piezas que el Gobierno Santos considera fundamentales para avanzar en el proceso con las FARC. Sin embargo, no todo es color de rosa para el mandatario colombiano ya que la misma corte estableció unas pautas interpretativas que van en contravía de la política criminal que el fiscal general Eduardo Montealegre ha venido implementando.

El fallo estudió una demanda interpuesta por Gustavo Gallón, el director de la Comisión Colombiana de Juristas, que alegaba que esta reforma violaba el pilar esencial de la Constitución que exige respetar, proteger y garantizar los derechos de la sociedad y de las víctimas investigando todas las graves violaciones a los derechos humanos. Y violaba a tal punto este deber esencial que si se aprobaba el acto legislativo “sustituiría” la Constitución.

De hecho, en días recientes el presidente Santos se refirió a varias cartas que recibió de organizaciones internacionales como Human Rights Watch en las que afirma que El Marco para la Paz es “es claramente contraria a la obligación jurídica asumida por Colombia conforme al Derecho Internacional de investigar, juzgar y sancionar a todos aquellos que compartan responsabilidad por delitos de lesa humanidad y otras graves violaciones de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario”.

Esta norma estatutaria busca básicamente tres cosas:

  1. La posibilidad de que el Congreso cree unos criterios de selección y priorización de casos que le permitan a la Fiscalía centrar sus esfuerzos en investigar penalmente solo a los máximos responsables de los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática.
  2. Renunciar a perseguir penalmente a aquellos que no son los máximos responsables de ese tipo de delitos.
  3. Suspender la ejecución de penas, aplicar penas diferentes a la cárcel y otro tipo de sanciones extrajudiciales.

De esta forma con el Marco Jurídico, las FARC podrían terminar con solo unos 15 o 20 guerrilleros purgando penas, ya que fueron los que cometieron los crímenes de lesa humanidad, y permitir que todos los otros ocho mil o diez mil miembros del grupo armado, se salven de ir a la cárcel o inclusive de ser investigados. Según el comunicado expedido ayer tarde en la noche, la Corte Constitucional considera que “para alcanzar una paz estable y duradera es legítimo adoptar medidas de justicia transicional, como los mecanismos de selección y priorización.”

Si desea conocer más sobre esta ley, lo invitamos a leer el artículo de la Revista Legis llamado Todo sobre el Marco legal para la paz.

¿Guerras defensivas?

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Por: Jorge Orlando Melo
Cuando la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pidió que la justicia colombiana investigara los indicios de excesos de la Fuerza Pública en el Catatumbo, los irritados voceros oficiales respondieron, como si no hubieran oído nada, que se equivocaba, pues era la justicia colombiana la que debía investigar si había delitos. Y el Eln mandó una carta a la Iglesia que niega que para lograr la paz haya que entregar las armas, a menos, parece, que el Ejército también haga su desarme.

Lo que tienen en común estas respuestas ilógicas es que muestran que las convicciones que alimentaron la tragedia colombiana siguen vivas.

Muchos justifican la guerrilla como una respuesta inevitable y lícita a las injusticias sociales, la desigualdad, las limitaciones de la democracia, la violencia estructural del sistema. No pongo en duda la buena fe de los defensores de la lucha armada, pero, fuera de que es falso que esta sea el resultado de esos factores, los efectos muestran que la guerra defensiva a nombre del pueblo fue un trágico error, un crimen con consecuencias terribles para el pueblo, para los movimientos que buscan una sociedad justa, para los partidos que creían que podrían luchar legalmente por los objetivos sociales de las Farc.

Como resultado de casi 50 años de guerrilla, la sociedad colombiana se endureció: se formaron los paramilitares, el Ejército apeló a la tortura y algunos de sus miembros, díscolos y desobedientes, usaron “todas las formas de lucha” contra la guerrilla, la población apoyó el autoritarismo.

Si no hubiera habido lucha armada, Colombia sería menos desigual; los partidos políticos de izquierda, más fuertes; la democracia, más real; la economía, más próspera; el Ejército, más chiquito; la política social, más eficaz, y la opinión, menos derechista, menos dispuesta a creer que contra la guerrilla todo vale. Los males de los que nos iba a librar esta no hicieron sino crecer por ella, y eso lo ignora la carta del Eln.

Los paramilitares, los militares que en los ochenta apoyaron la guerra sucia contra la UP o los simpatizantes civiles de la guerrilla tenían un argumento similar: hacían una guerra defensiva para proteger a los civiles a los que el Estado no podía, por la lógica de la guerra irregular, defender. Y también tuvieron un resultado contraproducente. Si la guerrilla sobrevivió fue por el rechazo de buena parte del país a los excesos militares, que terminó llevando a que la opinión, aterrada, se inclinara por una eterna negociación.

Los extremistas se alimentan mutuamente. Creen defenderse de las injusticias de las que son víctimas, y atacan ante todo a los simpatizantes desarmados del adversario. La guerrilla secuestra a empresarios o civiles que simpatizan con el Estado; sus enemigos atacan la “subversión interna”, los maestros y sindicalistas, los organizadores populares, los que podían dar aliento a la guerrilla. Así como la idea de que la guerra no se gana por el estorbo de las normas nutre la errada reforma de la justicia penal militar, el recuerdo de los movimientos civiles estimulados por una guerrilla armada distorsiona la percepción de los funcionarios, que se inquietan, en el Catatumbo, por la presencia de simpatizantes de la guerrilla.

Hemos ensayado durante décadas la guerra defensiva de lado y lado, sin éxito. Es el momento de invocar un pacifismo total, e insistir ante la guerrilla en que lo que busca solo se puede lograr si deja las armas, pues una paz armada es contradictoria y atraería más violencia contra ella. Y pedir al Gobierno que no calme a los partidarios de la guerra total con gestos de un belicismo que va contra sus propios esfuerzos de paz.

Fuente: ElTiempo.com

Mi aporte es no creer en las FARC

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Por: Saúl Hernández Bolivar
‘Paz’ es un término abstracto que, en conjunto con su polo opuesto, que sería ‘guerra’ o ‘violencia’, conforma una de esas dualidades asociadas a los conceptos del bien y el mal, sobre los que se fundamentan las religiones y las normas sociales desde las civilizaciones más antiguas.

Luz-oscuridad, amor-odio, generosidad-egoísmo, diligencia-pereza, sacrificio-comodidad, placer-dolor, solidaridad-indiferencia, filantropía-envidia, en fin. A cada virtud humana corresponde un vicio, una tara moral, una corrupción del espíritu que, paradójicamente, es lo que nos hace humanos, lo que nos caracteriza. De lo contrario, seríamos ángeles o viviríamos en esos paraísos utópicos de leyenda, como Shangri-La.

Todos los seres humanos, a menos que se padezca un grave trastorno mental, eligen estar del lado de los valores que representan el bien. Por eso, no tiene ningún mérito expresar eso de “yo creo en la paz”, pues tal virtud no reside en el concepto mismo, en su nominación o expresión, sino en la acción individual o colectiva de los seres humanos, que somos los que practicamos los vicios y las virtudes. Luego, lo que hay que afirmar o negar es si uno cree o no en que la decisión de las Farc, de hacer política por vías pacíficas, sea o no sincera.

Todos queremos la paz, y creemos en ella, en el sentido de que vivir en paz es el estado ideal de todo ser humano, pero a la inmensa mayoría nos cuesta creer en las Farc, porque conocemos de sobra su naturaleza, y muchos no creemos tampoco en el gobierno de Santos –la otra parte de la negociación– por haber traicionado el mandato que recibió de nueve millones de electores.

Una cosa, entonces, es creer en la paz como estado superior de convivencia social, y otra, muy distinta, es creer en las Farc y en que el negociado que traman con Juan Manuel, en secreto, derive en algo similar a la paz. Mucho menos cuando Santos acude al estilo Maduro para sembrar una división social inaceptable con ese artificioso dilema de amigo-enemigo de la paz, con lo que se estigmatiza a quienes no compartimos los términos de la transacción.

Más grave aun es que se firme algo, en cuyo caso tendremos un virus troyano carcomiéndonos por dentro, porque para las Farc la democracia y sus instituciones son solo ‘instrumentos burgueses de dominación de las masas’, y su único propósito es destruir al establecimiento burgués para remplazarlo por la dictadura del proletariado, usando la táctica chavista de tomarse el poder guardando apariencias democráticas.

La semana anterior, las Farc desconocieron al Poder Judicial diciendo que “los tribunales colombianos no tienen el decoro y la competencia (para juzgarlos), porque este ha sido un Estado criminal”, y que el Estado es el que debe pedir perdón, no ellos. Con declaraciones como esas, sorprende que se insista en este sainete.

Tal vez lo más patético de este asunto es que a estas aberraciones Santos las llama “avances”, así la negociación cumpla hoy 203 días sin siquiera haber logrado acordar el primer punto. Además, el Presidente incurre en una notoria contradicción al decir que los enemigos de la paz reculan al pedir paz sin impunidad, como supuestamente la quiere también el Gobierno. Pero a renglón seguido les pide a las Farc que “cambien las balas por los votos y rápido”, como si el Congreso fuera una cárcel o hacer política, un castigo.

Difícil creer en este proceso. Hace 10 años, Guillermo Gaviria y el gran Gilberto Echeverri pecaron de ingenuos creyendo en la no violencia de las Farc, y la no violencia los mató. Por eso, mi aporte (y el de muchos) es dudar, no creo en las Farc y no creo en Juan Manuel Santos.

Fuente: Eltiempo.com