Corte salvó el Marco Jurídico para la Paz pero le pusó freno a la política del Fiscal Montealegre

Diálogos FARC en La Habana
Con una votación holgada de siete magistrados contra dos, la Corte Constitucional de Colombia avaló el llamado Marco Jurídico para la Paz, una de las piezas que el Gobierno Santos considera fundamentales para avanzar en el proceso con las FARC. Sin embargo, no todo es color de rosa para el mandatario colombiano ya que la misma corte estableció unas pautas interpretativas que van en contravía de la política criminal que el fiscal general Eduardo Montealegre ha venido implementando.

El fallo estudió una demanda interpuesta por Gustavo Gallón, el director de la Comisión Colombiana de Juristas, que alegaba que esta reforma violaba el pilar esencial de la Constitución que exige respetar, proteger y garantizar los derechos de la sociedad y de las víctimas investigando todas las graves violaciones a los derechos humanos. Y violaba a tal punto este deber esencial que si se aprobaba el acto legislativo “sustituiría” la Constitución.

De hecho, en días recientes el presidente Santos se refirió a varias cartas que recibió de organizaciones internacionales como Human Rights Watch en las que afirma que El Marco para la Paz es “es claramente contraria a la obligación jurídica asumida por Colombia conforme al Derecho Internacional de investigar, juzgar y sancionar a todos aquellos que compartan responsabilidad por delitos de lesa humanidad y otras graves violaciones de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario”.

Esta norma estatutaria busca básicamente tres cosas:

  1. La posibilidad de que el Congreso cree unos criterios de selección y priorización de casos que le permitan a la Fiscalía centrar sus esfuerzos en investigar penalmente solo a los máximos responsables de los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática.
  2. Renunciar a perseguir penalmente a aquellos que no son los máximos responsables de ese tipo de delitos.
  3. Suspender la ejecución de penas, aplicar penas diferentes a la cárcel y otro tipo de sanciones extrajudiciales.

De esta forma con el Marco Jurídico, las FARC podrían terminar con solo unos 15 o 20 guerrilleros purgando penas, ya que fueron los que cometieron los crímenes de lesa humanidad, y permitir que todos los otros ocho mil o diez mil miembros del grupo armado, se salven de ir a la cárcel o inclusive de ser investigados. Según el comunicado expedido ayer tarde en la noche, la Corte Constitucional considera que “para alcanzar una paz estable y duradera es legítimo adoptar medidas de justicia transicional, como los mecanismos de selección y priorización.”

Si desea conocer más sobre esta ley, lo invitamos a leer el artículo de la Revista Legis llamado Todo sobre el Marco legal para la paz.