Breve reflexión sobre un comparendo de un agente del Tránsito de Itagüí

Por: Carlos Andrés Naranjo Sierra
Había acabado de dejar a una amiga en su casa, un minuto después apareció una motocicleta pitándome detrás y con una sirena encendida. Me detuve y un guarda con actitud de pocos amigos me indicó que me hiciera a un lado. “Acaba Usted de pasarse un semáforo en rojo”, me dijo. Me pareció increíble lo que decía. Que yo sepa, no soy daltónico y yo había visto claramente la luz en verde, motivo por el cual decidí adelantar el bus que había parado varios metros adelante, donde está prohibido, a recoger unos pasajeros.

– ¿En rojo? Que pena, la luz estaba en verde, le dije.
– En rojo, repitió Reynocio Andrade.
– Bueno, ¿no hay una cámara allí?, le pregunté. Estoy seguro de que la luz estaba en verde.
– Puede averiguar a ver si está buena, no creo. Afirmó el agente Andrade.
– Si no está buena, será su palabra contra la mía.
– Así es señor.

Acto seguido me pidió los papeles y me repitió toda la perorata sobre los días de pago y la audiencia en la cual me aseguró que estaría, si yo no pagaba los primeros días. Un silencio incómodo aparecía después de cada frase que pronunciaba el agente, como esperando alguna respuesta mía, la cual nunca apareció luego de revelarle que el bus se había detenido en luz verde. No tenía sentido discutir con alguien que afirmaba algo tan obtuso y no suelo ofrecer dinero para evitar las multas. Yo bajaba por la carrera 49 y él estaba en la calle 48. Es decir, a 90 grados de mi semáforo. Él no tenía como ver que estaba en rojo, sólo lo supuso por el bus que paró a recoger pasajeros, en una cuadra donde la señal vertical indica claramente que no puede hacerse (Lea también: Sobre la ley como un estímulo a la corrupción).

Averigüé en Secretaría de Gobierno en la Alcaldía de Itagüí y efectivamente la cámara está mala, como muchas otras, tal como pude comprobar con los agentes de policía de la estación, lo cual además es una pena en un municipio que fue elegido por el Gobierno Nacional como ejemplo de recuperación de la seguridad gracias a sus programas integrales, entre los que se contaba con énfasis el tema del monitoreo en video del territorio. Al parecer algunos agentes de tránsito lo saben y aprovechan la falencia.

Pero más allá del tema de la cámara, me ha parecido una pena escuchar lo que me han dicho casi todas las personas cuando les he comentado el caso: “Los agentes de Itagüí y Bello son de los más corruptos del Valle de Aburrá. Como tenés un carro grande, el tipo seguro estaba buscando su prima en esta Navidad. No tenés nada que hacer”. Me resisto a creer que tenga que ser así. Generalmente pago mis impuestos y mis multas, pocas por demás, pero este no era el caso. Por eso he decidido escribir este artículo, que al parecer es lo poco que nos queda como dignidad a los ciudadanos colombianos: la queja y la denuncia.

Creo que podremos construir un país justo y en paz basados en aceptar la realidad de la corrupción, o por lo menos de la negligencia. Es natural que los seres humanos nos equivoquemos pero aún más si persistimos en el error y creemos que el Estado es un ente para sacar provecho personal. Si éste es el camino, borremos el principio constitucional del Estado como garante de los derechos, la presunción de inocencia de los ciudadanos, eliminemos aquello de que los funcionarios públicos son servidores y preparémonos para vivir en el totalitarismo que temía Isaac Asimov.

La corrupción acecha en las oficinas de Planeación y Catastro del oriente antioqueño


“Todo el mundo sabe que para que un permiso salga pronto, se necesitan dos millones de pesos en Rionegro. Algo similar sucede en El Retiro o La Ceja”
 dice Juan Carlos Mazo*, un contratista que trabaja construyendo casas en el Oriente Antioqueño, y no es el único. Entre la gente que ha comenzado a migrar hacia este nuevo polo de expansión, es común escuchar este tipo de secreto a voces.

Incluso para conseguir permisos de locales comerciales, los habitantes de los municipios del oriente antioqueño deben soportar muchas veces las insinuaciones de pagos non sanctos, por parte de funcionarios oficiales, si desean abrir sus locales en menos de seis meses. “Tenemos mucho trabajo. Ese permiso depende más de usted que de nosotros, así que usted dirá”. fue la frase con la que recibieron el año pasado a un pareja de comerciantes que averiguaban por la licencia para un pequeño local de servicios en municipio de El Retiro.

El deseo de muchos habitantes de Medellín y sus municipios cercanos, por tener un sitio de descanso los fines de semana cerca del Valle de San Nicolás, ha disparado la voracidad no sólo de constructores y compradores, sino también de funcionarios públicos que pretenden enriquecerse exigiendo pagos adicionales por realizar sus funciones legales. Recientemente desde la dirección de GALERIAPOLITICA.COM, pudimos comprobar cómo al seguir los conductos regulares para gestionar el papeleo de una propiedad, la respuesta puede tardar cerca de dos años.

Un periodo de espera demasiado largo, teniendo en cuenta que no puede pasarse a la fase de construcción sin los debidos documentos. Luego viene la gestión de la obra y los servicios públicos de luz y acueducto, que pueden tardar perfectamente otro año más. Con lo cual no se podría habitar una finca antes de tres años. La gente hace cuentas, mira el dinero que pierde esperando y desafortunadamente algunas veces termina cediendo ante la corrupción que acecha en las oficinas de Planeación y Catastro del oriente antioqueño.

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*El nombre de la fuente ha sido cambiado para proteger su identidad.