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Después de Camilo Jiménez, Carolina Sanín

Por: Andrés Mejía-Vergnaud*
Diciembre ha resultado ser temporada de abominaciones y renuncias. Llegó primero la de Camilo Jiménez, aquel profesor que deja el abnegado oficio de la cátedra porque sus estudiantes no pudieron hacer un resumen. Una semana después aparece la de Carolina Sanín, columnista dominical de El Espectador, y aparentemente autora de algún libro. Escribe ella una ferocísima invectiva contra Bogotá, tras la cual anuncia que abdica de su columna. Me disculparán si me comporto como el discípulo de Aristóteles y de Frege que no puedo evitar ser, es decir, si trato de buscar en esto algo de lógica: quisiera examinar si la consecuencia de la renuncia se sigue de un modo u otro de los argumentos expuestos por los autores, ella iracunda, él decepcionado. Veo ya a mis colegas advertir que la lógica clásica no permite evaluar decisiones, sino tesis. Vamos a ser un poco más flexibles, y vamos a entender la decisión como si ella fuese consecuencia de una tesis, a saber, que no existen las condiciones que permiten o justifican el ejercicio de la actividad de profesor, en un caso, y de columnista en el otro.

Empiezo por transmitir mi primera impresión, un poco curiosa: aun cuando hallo más verdad en la diatriba de Sanín que en la de Jiménez, veo menos lógica en la decisión de ella que en la de él. Me explico: creo que Camilo Jiménez se equivoca de modo muy serio en su apreciación sobre los jóvenes y sobre el estudiantado. Creo, por el contrario, que buena parte de las cosas que dice Carolina Sanín son verdades, aun cuando sea odioso el tono de su enunciación, la cual tiene más esnobismo que los “burgueses” que según ella viven en el edificio Ego Box y ponen libros de Mompox en la mesa de centro. Aun así, es verdad que es horrendo tener que soportar en Bogotá a los buses (no se me habría ocurrido llamarlos “autobuses”), ya sea como pasajero, como peatón o como conductor particular; es verdad que la ciudad huele mal en muchas partes, que el servicio de taxis es pésimo, y que llueve mucho últimamente (pregúntenle a Juan Manuel cómo sufre él con la “maldita Niña”). No suscribiría yo otras cosas que son de orden más subjetivo, como los juicios de Sanín sobre la gente que habita a Bogotá: los tontos poblamos el planeta de modo más o menos uniforme. Pero en fin, creo que la columna de Carolina Sanín comunica un malestar con nuestra bella ciudad en el cual hay muchas verdades. Que no las hay en la insatisfacción que llevó a Camilo Jiménez a calificar de incapaz a una generación (la cual, por cierto, es más capaz que la suya).

Pero curiosamente, hay un poco más de lógica en la renuncia de Camilo Jiménez: él declara que los estudiantes son incapaces; para que sea posible la docencia (suponemos que así razona) los estudiantes han de ser capaces; no lo son, por tanto la docencia es imposible: QED. Donde no encuentro un ápice de lógica es en la columna de Carolina Sanín: Bogotá es insoportable y sus gentes son insoportables, por tanto, renuncio a mi columna. ¿? ¿Podrá alguien explicar de qué modo, de la insatisfacción con una ciudad y del repudio a sus gentes, se sigue que hay que renunciar a una cierta actividad que nada tiene que ver con esas condiciones? Lo entendería si quien renunciase fuera un conductor de servicio particular, o un agente de policía: su actividad sí se dificulta por el hecho de ser Bogotá el miserable infierno que describe Sanín. El problema para la columnista es que, al carecer por completo de lógica su posición, los lectores inevitablemente pensarán que son otras las razones que le llevaron a su renuncia. Me decía eso ayer un amigo en un café (uno de esos magníficos cafés que hay en esta ciudad, donde disfruto de la conversación con gente brillante y agradable); me decía ayer ese contertulio que el motivo sería provocar escándalo y ganar notoriedad. No tengo razones para afirmarlo, pero a ese tipo de especulaciones tendrá que atenerse la columnista. Yo, por mi parte, seguiré amando a esta ciudad, cuyos defectos no desconozco, y seguiré disfrutando de ella, y procurando de alguna manera contribuir a su mejoría.

*Director Académico del Instituto de Ciencia Política

El resurgir de las FARC es ya un hecho innegable

Por: Andrés Mejía-Vergnaud*

Si todavía a alguien le cabía alguna duda, los ataques de las FARC sucedidos a finales de la semana pasada deberían ya dejar en evidencia que, contra lo que con terquedad ha venido afirmando el gobierno, el resurgimiento de la guerrilla es una tendencia que los hechos presentan como indudable. Iniciada la administración Santos, observamos lo que aparentaba ser un incremento de las acciones de la guerrilla, en particular de aquellas en las cuales las FARC lograban éxito en varios objetivos tácticos. La respuesta oficial consistió en desestimar el fenómeno, argumentando, en primer lugar, que las acciones observadas eran del tipo de guerra de guerrillas, muy alejadas de los combates de guerra cuasiregular que llegó a presentar la guerrilla a finales de los noventa, en su cénit estratégico. En segundo lugar, el gobierno quiso convencernos de la absurda tesis según la cual lo que estos ataques mostraban era debilidad de las FARC, una especie de reacción desesperada ante la ofensiva militar. Vistos los hechos de la última semana, analizadas sus características, y entendidos en el contexto de los últimos meses, ambas explicaciones del gobierno son por completo insostenibles.

Basta leer la frase con la cual El Espectador abre su informe sobre el ataque de Tumaco: “Similar a las incursiones guerrilleras que se presentaron en el país hace quince años…” La comparación es acertada: el ataque de Tumaco no fue la acción de esa guerrilla debilitada en la cual pretende el gobierno que creamos; no fue una desesperada maniobra de quien lanza unos morteros y unos disparos, y corre a refugiarse en el monte: fue por el contrario un ataque contundente, bien ejecutado, y sobre todo, propio de un fuerza dotada de recursos tácticos significativos. Sugiere además la defensa de un territorio que se controla efectivamente. Corrió el gobierno a decir que hubo errores tácticos: es posible. Pero eso por sí solo no explica toda la dimensión del asunto: pudo haber un error –no me consta–, pero si lo hubo, la guerrilla tenía la fortaleza suficiente para aprovecharlo.

Pero entre todas las victorias que tristemente han obtenido las FARC en el último año, la mayor de ellas no es producto de sus acciones, sino que es una derrota que su adversario, el Estado, se ha autopropinado: fue el abandono de la iniciativa militar y estratégica en la lucha contra la guerrilla. Si algo ha caracterizado a la administración de Santos ha sido una negligencia radical en este tema: la cuestión de la guerrilla ha caído bien abajo en las prioridades de la administración. Incluso las apariencias son desconcertantes: como me decía un amigo la semana pasada, a Santos se le ve más preocupado por resolver el conflicto palestino que por atender la ofensiva de las FARC. Hace mal el Presidente en reprender a las Fuerzas Militares, como lo hizo ayer, por los reveses de la semana pasada: él es el principal responsable; han sido su falta de liderazgo, y su deficiente identificación de prioridades, lo que ha permitido este resurgir de la guerrilla, el cual, como decíamos, es a la luz de los hechos ya innegable.

*Director Académico del Instituto de Ciencia Política

El liderazgo de Juan Manuel Santos


Por: Andrés Mejía-Vergnaud*

Yo, como muchos otros comentaristas, incluso algunos que son afectos al actual gobierno, sentí una profunda frustración con el desenlace de la reforma a la Justicia. La frustración, debo aclararlo, no obedece a que yo simpatizase mucho con el proyecto original: como la mayoría de “reformas” a la Justicia, no era más que un proyecto de pequeños ajustes, el cual dejaba vivos los verdaderos problemas de la justicia, si se le entiende como debe ser, como un servicio público: las insoportables demoras, los trámites, el papeleo, la obsolescencia de los procedimientos, la corrupción, y en general, todo aquello que hace que, cuando un ciudadano busque a la Justicia para solucionar sus conflictos, deba soportar años, décadas a veces, de horrendos trámites, registrados en polvorientos expedientes. Mi frustración surge de constatar la asombrosa facilidad con la cual el gobierno, encabezado por el Presidente, cedió, retrocedió, bajó sus banderas, y dio el brazo a torcer, tan pronto la fuerza del poder establecido, representado en las altas cortes, le planteó un serio desafío con un proyecto alternativo. Dicho proyecto, ante todo, apuntaba a mantener y a engrandecer los privilegios de los que hoy gozan las altas cortes, los cuales el país debe soportar, sin que a cambio obtenga buena administración de justicia. Entristece ver que ni siquiera el retroceso del gobierno fue epílogo de una confrontación, de un debate, en el cual defendiese su proyecto. Bastó que el Consejo de Estado mostrara la espada en nombre de la oligarquía judicial, para que el gobierno retrocediese como un manso corderito, y llegase incluso a rendirse en iniciativas tan reclamadas por la sociedad, como la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, o su reforma radical. De nuevo, con este hecho, el cual se suma ya a otros tantos, la voluntad de liderazgo del presidente Santos queda puesta en duda: no se le ve disposición para tomar decisiones difíciles, y con gran facilidad retrocede ante los desafíos que se le plantean. El caso del paro camionero de febrero pasado fue uno de los primeros anuncios: en aquel caso el Presidente toleró durante varios días una protesta que recurrió a vías de hecho (bloqueos de carreteras, e incluso de las calles de Bogotá), y luego cedió a las peticiones de quienes la organizaron.

*Director Académico del Instituto de Ciencia Política

Santos, Uribe y la paradoja de la ejecución


Por: Andrés Mejía Vergnaud*

Temprano, en septiembre, empiezan a llegar las lluvias que anuncian la segunda temporada invernal del año. Llegan con fuerza, como pudimos presenciarlo los bogotanos este fin de semana. Y de acuerdo con las instituciones oceanográficas y meteorológicas internacionales, el fenómeno de La Niña está activo, y producirá un fuerte ciclo de lluvias. Pero con estas primeras aguas llegaron también noticias desconcertantes, las cuales informan de extraordinarios retrasos en las obras relacionadas con las dos temporadas de lluvias anteriores. Dicen esas noticias que los retrasos se presentan, tanto en las obras de reconstrucción, como en aquellas que se requieren para enfrentar las lluvias de este segundo semestre. Buena parte de la culpa les es atribuida a los mandatarios regionales, a los gobernadores, sobre quienes se puso la responsabilidad de ejecutar las obras (cabe decir que algunos lo han hecho muy bien). Los gobernadores a su vez señalan al gobierno central, por el exceso de trámites burocráticos requeridos para acceder a los recursos. Ambas versiones pueden ser ciertas: en el fondo, sin embargo, creo que le cabe una responsabilidad última al gobierno central. La inundación de buena parte del territorio fue una crisis de carácter nacional, una emergencia sin precedentes, una calamidad que abrumó al país entero: el liderazgo para enfrentar tales crisis ha de venir de quien ejerce la administración central. De poco consuelo sirve a los damnificados, y a quienes lo serán, escuchar del gobierno argumentos persuasivos para culpar a los gobernadores. La realidad, su realidad, es que perdieron mucho o lo perdieron todo, y ante tal pérdida fue inferior la capacidad ejecutiva de la autoridad nacional.

No es este, sin embargo, el único frente en el cual han sido puestas en duda las capacidades ejecutivas del presente gobierno. Por todos lados se oyen quejas y reclamos de ineficacia, lentitud, y falta de liderazgo. Ejemplo: una noticia publicada esta semana en Portafolio decía que nuestro país podía perder $ 6.700 millones de dólares en inversiones petroleras, por causa de la lentitud en los procesos de licencia ambiental. Otro ejemplo notable es el extravío que vivió el país en la política de seguridad y defensa durante el primer año de la actual administración (cosa que obligó a un cambio de ministro). Con el tiempo, el gobierno Santos parecería perfilarse como una administración muy acertada y ambiciosa en sus iniciativas legislativas, llena además de magníficas intenciones de cambio y de transformación; pero dormida aún en su faceta ejecutiva, en su dimensión de realizaciones y transformaciones concretas.

En los últimos día esto me ha suscitado una reflexión para lo cual no tengo respuesta. Durante los ocho años de la administración Uribe, muchas personas, incluso entre quienes admirábamos sus políticas, criticamos constantemente su estilo de liderazgo y de gerencia. Le criticábamos por no delegar, por involucrarse personalmente en todos los procesos; por dar órdenes de manera constante a funcionarios de nivel medio, omitiendo los canales regulares; llegamos muchos a decir que, por esas conductas, las instituciones estaban sufriendo un menoscabo a favor de un gobierno personalista. El presidente Santos llegó a efectuar el cambio tan solicitado: impuso un estilo donde hay una sofisticada delegación de funciones; evita involucrarse personalmente en todo, y deja grandes tareas a sus ministros y altos funcionarios; no incurre en la tentación de manejar todos y cada uno de los asuntos; en fin, un estilo de liderazgo que suscitaría aplausos desde cualquier perspectiva. Y sin embargo, en la práctica, mucho menos fértil en resultados que el liderazgo de Uribe. Cualesquiera sean las críticas que puedan hacerse al estilo de liderazgo de Uribe, es innegable que en él había un compromiso férreo con los resultados, y este era un compromiso que asumía directamente el mandatario. Fijaba metas, y vigilaba personalmente su ejecución. Si se trataba de asuntos graves o urgentes, él mismo tomaba el teléfono para afrontar la situación y dar las órdenes. Comprendo la preocupación de Santos por instaurar un estilo más sofisticado de gerencia. Pero tal estilo debe ser complementado con una presencia más vigorosa del Jefe de Gobierno, y con un mayor compromiso suyo por los resultados. El gobierno no es una empresa privada, y muchos de los funcionarios públicos en quienes se delegan las tareas tienen pocos incentivos para sacarlas adelante. No les hace bien la figura de un mandatario tan ausente. Y esto reviste mayor importancia cuando se trata de asuntos críticos de la Nación, como el orden público o las tragedias naturales. En tales casos la figura del líder es insustituible.

*Director Académico del Instituto de Ciencia Política

La Corte y los computadores de Raúl Reyes

Publicamos a continuación la opinión personal de Andrés Mejía Vergnaud, Director Académico del Instituto de Ciencia Política, sobre la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que invalida como pruebas jurídicas los documentos encontrados en el computador de alias Raúl Reyes.

LA CORTE Y LOS COMPUTADORES DE REYES: Confieso a los lectores que para escribir esta nota debo hacer un esfuerzo: el de presumir lo que cada vez es más difícil presumir, a saber, que la honorable Corte Suprema de Justicia no tuvo más motivaciones que las puramente jurídicas en su decisión de no admitir como prueba los computadores de Raúl Reyes. Pero lo haré, porque como ciudadano y como republicano no puedo más que mostrar respeto ante una alta corporación de la Justicia, así ello entrañe una dificultad. Mi manera de mostrar ese respeto será discutir el tema en el escenario jurídico. La Corte Suprema de Justicia ha afirmado que tomó su decisión con apego a un principio que sin duda tiene la mayor importancia, a saber, el de que las pruebas deben recaudarse y aportarse a los procesos con total observancia del debido proceso. Acierta en el valor de ese principio: de no ser por él, las autoridades podrían efectuar toda clase de montajes y de patrañas para encarcelar a quien quisieran. Hasta aquí, entonces, estamos de acuerdo con la Corte. Pero a esta corporación se le presentó un problema, se le planteó una cierta dificultad, de aquellas para las cuales, ingenuamente se pensaría, están estos altos jueces muy dotados para resolver: ¿cómo aplicar esta norma en un caso para el cual no están previstos de antemano los procedimientos que han de entenderse como debidos?

LA CORTE Y LOS COMPUTADORES DE REYES II: Expliquemos: Si en Bogotá, o en Cali, o en cualquier lugar de Colombia, la Policía realiza una operación contra una banda de delincuentes, y en su desarrollo encuentra un material que pueda servir de prueba, es claro que para su recaudo y su aporte al proceso deben seguirse unas ciertas reglas establecidas en la ley, las cuales son claras y son conocidas. Y lo son, porque se trata de un caso normal, uno de aquellos que se tenían en mente cuando se diseñaron las normas. Pero el mundo no está hecho solo de casos normales, y ante los jueces pueden aparecer hechos cuya regulación no está absolutamente prevista en la letra de la ley. Deben entonces poner en marcha sus capacidades de interpretación, y encontrar el modo de aplicar al caso las normas que existen, en particular guiándose por los principios que las inspiran. A esta tarea fue inferior la Corte Suprema. Decidió apegarse a la letra de una ley que no había sido hecha para este caso. E incluso, con un lamentable temor a hacer auténtica interpretación, insistió en su terco apego a la letra de la ley invocando otros instrumentos, a saber, los convenios de cooperación judicial entre Colombia y Ecuador. Pudo haberse enterado la Corte de que el Estado colombiano realizó 17 solicitudes, repito, 17 solicitudes, al Estado de Ecuador, para que éste procediera contra las cómodas instalaciones que las FARC mantenían en su territorio. Solicitudes infructuosas, pero realizadas todas ellas por los canales regulares. Cualquier juez cuya capacidad interpretativa fuese más allá de leer y de recitar la letra de las normas, podría haber apreciado la inutilidad de este mecanismo, y podría haber valorado el hecho de que a él se recurrió en numerosas oportunidades.

LA CORTE Y LOS COMPUTADORES DE REYES III: Un juez dotado de capacidad interpretativa podría entonces haber apreciado las características de la operación concreta. Se habría dado cuenta de que, pese a las limitaciones naturales que ella imponía, y que hacían absurdo pensar que en ella hubiese funcionarios judiciales, los agentes de la Policía que llegaron al lugar recopilaron los materiales con la mayor prudencia y con el mayor cuidado. Como se sabe, INTERPOL certificó que ellos no habían sido objeto de manipulación. Y fueron puestos a órdenes de la Fiscalía con la mayor rapidez posible: si no me equivoco, el mismo día de la operación le fueron entregados a la Fiscalía en el Putumayo. Por supuesto que este no es el procedimiento contemplado en la letra de la ley: pero no lo es, porque al escribirse la ley no se tenían en mente este tipo de circunstancias. Y ante el surgimiento de nuevos casos la solución no puede ser, como usualmente se propone, que se legisle para regular cada situación novedosa. La creatividad de los hechos del mundo real es mayor y más rápida que la de cualquier legislador: en lugar de andar pensando en legislar para cada nuevo caso, que aprendan los jueces (y la Corte Suprema) a entender la ley más allá de su minucia literal, y a tener la capacidad de aplicarla a las circunstancias no previstas. Como la de un Estado que, en violación del derecho internacional, alberga y da refugio al jefe de un grupo armado que realiza hostilidades contra un país vecino.