Por: Carlos Andrés Naranjo-Sierra
Hoy estamos ad portas de perder 75.000 kilómetros cuadrados del mar de los siete colores de San Andrés debido a un fallo adverso de la Corte Penal Internacional que otorgó a Nicaragua una nueva porción del mar de Colombia. Para algunos el mar ya se perdió y solo nos queda aprender para cuidar el que nos queda, para otros, el tema se resume en desacatar el fallo, como anteriormente lo han hecho otros países en similares circunstancias.
Si uno mira el mapa actual, antes de que Juan Manuel Santos firme algún tratado con Daniel Ortega que haga efectivo el fallo, se dará cuenta rápidamente de que el mar territorial colombiano llega hasta el Meridiano 82, haciendo que la porción de aguas colombianas estén muy cerca de la costa de Nicaragua sin ninguna razón aparente. Y la razón es más simple de lo que parece: la costa nicaragüense de La Mosquita que abarca la totalidad de la costa atlántica del territorio que hoy ocupa Nicaragua, pertenecía al Virreinato de Santa Fe, que luego sería la Nueva Granada.
Desde el siglo XVI el territorio de San Andrés, Providencia y la Costa de Mosquitos (cuyo nombre no se origina en el conocido insecto sino en los indios miskitos que habitaban la región, aunque el historiador Jorge Eduardo Arellano argumenta que se debe a las armas de la época llamadas mosquetes) pertenecían a la Corona española, la cual estaba concentrada al interior del continente en la búsqueda de El Dorado, abriendo paso así a invasiones de piratas británicos en estos territorios, aunque posteriormente fueron repelidas por la corona ibérica hasta desplazar a los ingleses al territorio continental. Una vez Colombia se independizó de España, reclamó esos territorios, incluyendo la Costa de Mosquitos, ya que pertenecían al territorio del imperio recientemente depuesto.
Sin embargo, Nicaragua consideró la costa como parte de su espacio geográfico natural, y al igual que Colombia, intentó infructuosamente ejercer soberanía sobre la Costa de Mosquitos, dejando a los corsarios ingleses como amos y señores del territorio, quienes posteriormente perdieron interés y apoyo de la corona para defender el lugar y decidieron entregarlo a Nicaragua por medio del Tratado de Managua, firmado en 1.860 entre Nicaragua e Inglaterra, en el que se declaraba la Reserva Mosquita como propiedad nicaragüense y dejaba de lado las pretensiones colombianas.
A principios del siglo XX, Estados Unidos comenzó su carrera expansionista en Centroamérica y por medio de la Ley Guano decidió que eran suyas las islas de Quitasueño, Roncador y Serrana. Posteriormente también cercenaría a Panamá del territorio colombiano, apoyando el pequeño movimiento independentista del Istmo y asegurando así el paso de sus flotas militares y mercantes del océano Pacifico al Atlántico y viceversa a través de la construcción del Canal de Panamá. Dentro de esa carrera expansionista, Nicaragua no fue la excepción, y entre los años 1927 y 1933 se convirtió en centro de intervenciones armadas estadounidenses.
En 1928 Colombia firmó con Nicaragua el Tratado Esguerra-Bárcenas por medio del cual se reconocía la soberanía de Nicaragua sobre la costa de Mosquitos y las islas Mangles, mientras que Nicaragua reconocía la soberanía colombiana sobre el archipiélago de San Andrés y el Meridiano 82, dejando pendientes los cayos de Quitasueño, Roncador y Serrana por estar en litigio con Estados Unidos. De este modo Nicaragua aseguraba su salida al mar Caribe y Colombia confirmaba su posesión del Archipiélago y una porción de mar. El 4 de febrero de 1980 Nicaragua declaró unilateralmente la nulidad de este Tratado alegando su invalidez por considerar que fue presionada por Estados Unidos.
Y es así como el 6 de diciembre de 2001, Nicaragua presentó ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya una demanda para reclamar nuevas aguas y la soberanía del Archipiélago de San Andrés y Providencia, desconociendo la validez del Tratado Esguerra-Bárcenas, la cual fue aceptada por el gobierno del entonces presidente colombiano Andrés Pastrana, y que terminó en la sentencia del año 2012 que ya todos conocemos, en la cual se le reconoce a Colombia el dominio sobre los cayos pero se le asigna a Nicaragua una extensa porción de mar sobre la que ahora ha comenzado a reclamar también la plataforma continental.
