Votar no es igual a comprar

Es común escuchar dos frases que van en direcciones opuestas pero que terminan en el mismo lugar: «la gente vota con su dinero» (cuando compra) o «la gente compra un candidato» (cuando vota). Ambas asumen que votar y comprar son, en el fondo, el mismo gesto: elegir una opción entre varias, dentro de un sistema abierto que nos deja decidir —usamos «comprar votos» como espejo retórico de «votar con el bolsillo», no como referencia a la compra de votos en el sentido penal del término, que es un delito electoral real y distinto del fenómeno que queremos analizar aquí—. Y hay algo de razón en el paralelo. El mercado y la democracia son, ambos, arquitecturas de libertad: nos ofrecen alternativas y confían en que la suma de decisiones individuales produzca un resultado colectivo razonable.

Pero ahí termina el parecido. Cuando uno mira con cuidado cómo llega el voto a nuestras manos, cómo se usa y qué pasa después de usarlo, aparecen diferencias de fondo que no son de matiz sino de naturaleza. Y esas diferencias, creemos, explican buena parte de por qué la psicología del votante no es la psicología del consumidor, por mucho que la publicidad política insista en tratarlas como intercambiables.

1. El voto no es un valor ganado

El dinero con el que compramos es, casi siempre, el resultado de un esfuerzo: trabajo, ahorro, una negociación. Incluso cuando lo heredamos o lo ganamos por suerte, sabemos que en algún punto de la cadena alguien lo produjo. El voto es distinto. Se entrega por el simple hecho de ser ciudadano, sin que el ciudadano de hoy tenga que hacer nada para merecerlo. De ahí que algunos propongan el valor del voto diferencial, pero esa es otra discusión.

Además esto no le resta valor histórico: detrás del sufragio universal hay siglos de luchas, exclusiones y conquistas que no deberíamos olvidar. Pero esa memoria colectiva rara vez se traduce en una experiencia individual de esfuerzo. Para quien llega a la mayoría de edad, el voto simplemente aparece, como un cupo o un token que la ciudadanía le asigna sin pedirle nada a cambio. Y lo que no cuesta conseguir, sabemos por experiencia (y por la literatura de la economía del comportamiento), tendemos a valorarlo menos y a usarlo con menos cuidado que aquello que nos costó obtener.

2. El voto no se puede ahorrar

Aquí ayuda pensar en una propiedad básica del dinero: es una reserva de valor. Podemos no gastarlo hoy precisamente porque sabemos que conserva su utilidad mañana, o en otra parte, o para otra cosa —es fungible, transferible en el tiempo—. El ahorro es una promesa razonable: lo que no uso ahora, lo podemos usar después, incluso con mayor criterio.

El voto no permite esa promesa. No existe la posibilidad de abstenerse hoy pensando en «guardar» ese voto para una elección que consideremos más decisiva. Cada elección trae su propio voto, que no se acumula ni se traslada. El que no se usa, simplemente caduca. Esto tiene una consecuencia poco comentada: mientras el consumidor puede permitirse esperar, calcular y postergar, el ciudadano solo puede decidir aquí y ahora, con la información que tenga disponible en ese momento, sin la opción de comprar tiempo con paciencia.

3. Un valor que, en consecuencia, tiende a usarse sin reflexión

Estas dos condiciones —que el voto se reciba sin mérito y que no pueda atesorarse— tienen un efecto combinado sobre cómo lo usamos. Lo que no cuesta conseguir y que además hay que «gastar» antes de una fecha límite, se procesa más desde la urgencia y la emoción que desde el cálculo. No es casualidad que las campañas más efectivas apelen a la identidad, al miedo o a la esperanza, y no tanto a la comparación técnica de programas de gobierno.

El comprador, en cambio, suele tener incentivos para pensarlo dos veces: si compra mal, pierde su propio dinero, que en la mayoría de los casos sí costó conseguir. El votante que «compra mal» no pierde nada tangible de forma inmediata y visible; el costo se diluye en un resultado colectivo que tardará años en sentirse, y que además comparte con millones de personas. Esa dilución del costo individual es, probablemente, uno de los mecanismos psicológicos más evidentes detrás del voto poco reflexivo.

4. Sin garantía, sin devolución, sin cambios

Cuando compramos algo que no cumple lo prometido, casi siempre existe algún mecanismo de reclamo: una garantía, una política de devolución, la opción de cambiarlo por otra cosa o, en el peor de los casos, dejar de comprarle a esa marca la próxima vez, casi de inmediato. El voto no ofrece nada de eso. Una vez emitido, no hay forma de «devolverlo» si el candidato incumple, ni de cambiarlo por otro a mitad de camino. Los casos de revocatorias del mandato son escasos y generalmente promovidos por pequeños grupos de interés.

El efecto del voto queda fijado por todo un período —cuatro años, en el caso de Colombia— durante el cual el ciudadano no tiene, en general, ningún mecanismo directo para revertir su decisión. La revocatoria del mandato, en Colombia, ni siquiera existe como opción teórica para todos los cargos: solo aplica a alcaldes y gobernadores, y aun ahí es un recurso tan exigente en firmas y plazos que funciona más como excepción que como garantía real. Para presidente y congreso, la salida de un mal representante simplemente no existe antes de que termine el período. En el mercado, el poder del consumidor insatisfecho es salir corriendo hacia la competencia. En la democracia, el poder del ciudadano insatisfecho es, en el mejor de los casos, esperar a la siguiente elección.

¿Y el voto obligatorio?

Frente al punto 3 —la falta de reflexión al votar—, algunos politólogos proponen el voto obligatorio como remedio: si votar es un deber ineludible, la gente se informará mejor antes de hacerlo. La intuición es razonable, pero no resiste el análisis psicológico. Obligar no convierte un gesto en reflexivo; lo convierte en un trámite. Cuando algo pasa de ser una opción a ser un deber, el marco mental que activa no es «quiero decidir bien» sino «tengo que cumplir», y ese cambio de marco no mejora la calidad de la decisión: solo la vuelve inevitable. El voto obligatorio no le pide más al ciudadano que se informe; le pide que aparezca.

Dicho esto, vale la pena hacer una salvedad a su favor. Aunque no vuelve a nadie más reflexivo, el voto obligatorio sí logra algo que no es menor: mete, aunque sea levemente, a la conversación política a personas que de otro modo se desentenderían por completo de ella. No las convierte en votantes informados, pero las convierte en participantes, y en sistemas donde la abstención tiende a concentrarse en ciertos grupos sociales, esa inclusión —por superficial que sea— no debe subestimarse.

El voto no es igual que el dinero

Decir «la gente compra con su voto» no es del todo falso, pero es una simplificación que oculta más de lo que revela. El consumidor y el votante están sometidos a situaciones de incentivos realmente distintas: una que permite esperar, comparar, ahorrar y corregir el error, y otra que exige decidir ya, sin acumulación posible y sin posibilidad de arrepentimiento efectivo dentro del período. Este debería ser un motivo, la irreversibilidad, para una mayor reflexión, pero curiosamente funciona al revés.

Entender estas diferencias no es solo un ejercicio académico que proponemos en GALERÍA POLÍTICA. Estas diferencias tienen consecuencias prácticas para quienes hacemos comunicación política, y también para quienes simplemente queremos votar mejor. Si el voto no puede devolverse, vale la pena tratarlo con el mismo cuidado —o más— que le pondríamos a una decisión que sí tiene reversa. Incluso, esa irreversibilidad, a veces, no dura solo cuatro años sino décadas, sino que lo digan los vecinos venezolanos y nicaragüenses, que votaron por quienes luego les pusieron la soga al cuello.