En mayo de 2025, el presidente Gustavo Petro presentó formalmente ante el Congreso de Colombia una propuesta de Consulta Popular centrada en una reforma laboral, un movimiento que ha generado tanto expectativa como controversia. Acompañado por la espada de Simón Bolívar, Petro llamó a la movilización popular, advirtiendo que los legisladores que se opongan a la iniciativa podrían enfrentar el rechazo en las urnas. Sin embargo, la propuesta enfrenta múltiples obstáculos que amenazan su viabilidad, desde barreras legales y políticas hasta desafíos logísticos y financieros. ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrenta esta propuesta y sus posibles consecuencias?
1. Resistencia en el Congreso
Uno de los principales escollos para la Consulta Popular es la falta de apoyo en el Congreso, donde el gobierno de Petro no cuenta con una mayoría sólida. La coalición Pacto Histórico, aunque significativa, no tiene los votos suficientes para garantizar la aprobación de la iniciativa, que requiere el aval del legislativo en un plazo de un mes. En un contexto de tensiones crecientes entre el Ejecutivo y el Congreso —evidenciadas por la reciente aprobación del presupuesto nacional por decreto presidencial, un hecho sin precedentes desde 1904— la oposición y sectores independientes han mostrado reticencia a respaldar la propuesta. La derrota de la reforma laboral en el Congreso, que motivó la Consulta Popular, refleja esta hostilidad parlamentaria. Además, algunos congresistas perciben la iniciativa como un intento de Petro de sortear el proceso legislativo, lo que ha generado acusaciones de populismo y tensiones con el Senado, cuyo presidente ha exigido respeto tras las críticas del presidente.
2. Barreras legales y judiciales
La Consulta Popular enfrenta también desafíos legales significativos. En abril de 2025, el Consejo de Estado admitió una tutela que solicita que las reformas sociales sean debatidas en el Congreso y no a través de una consulta, argumentando que esta vía podría vulnerar el proceso legislativo establecido. Esta acción judicial podría frenar o incluso anular la iniciativa antes de que llegue a las urnas. Además, la Corte Constitucional tendría que revisar las preguntas propuestas, un proceso que podría retrasar la convocatoria o modificar el contenido de la consulta. La advertencia de Petro de convocar la consulta por decreto si el Senado la rechaza ha generado críticas, con analistas y opositores señalando que tal acción sería inconstitucional y una amenaza a la democracia.
3. Altos requisitos de participación
Para que la Consulta Popular sea válida, la ley colombiana exige que participe al menos un tercio del censo electoral, lo que equivale a más de 13.6 millones de votantes, superando los votos que Petro obtuvo en las elecciones de 2022. Este umbral representa un desafío monumental en un país con altos niveles de abstencionismo electoral, donde la participación en consultas populares históricamente ha sido baja. Lograr movilizar a esta cantidad de ciudadanos requiere una campaña masiva y una conexión efectiva con el electorado, en un momento en que la aprobación de Petro se mantiene en torno al 34% y su desaprobación alcanza el 60%, según encuestas recientes de Invamer. La percepción de que la consulta es una maniobra política para fortalecer la posición del gobierno de cara a las elecciones de 2026 podría desincentivar la participación.
4. Costos financieros y críticas económicas
La organización de una Consulta Popular implica un costo significativo, estimado en 700.000 millones de pesos, que saldría de los recursos públicos. En un contexto de dificultades fiscales, con un crecimiento económico proyectado del 2% para 2025 (por debajo del promedio histórico) y una inflación del 7.2%, críticos han cuestionado la prioridad de esta inversión. Posts en redes sociales han calificado la consulta como “costosa” y “engañosa”, argumentando que los recursos podrían destinarse a necesidades más urgentes, como la reducción de la pobreza, que aún afecta al 33% de la población. Esta percepción podría alimentar el descontento entre sectores que ya ven con escepticismo las políticas económicas del gobierno.
5. Polarización y percepción de intenciones políticas
La propuesta de Petro ha avivado la polarización en Colombia, con sectores de la oposición y medios de comunicación acusándolo de usar la Consulta Popular como una estrategia para perpetuarse en el poder o fortalecer a su coalición de cara a las elecciones presidenciales de 2026, en las que no puede participar debido a límites constitucionales. Aunque las preguntas de la consulta, que incluyen medidas como la reducción de la jornada laboral diurna y el pago de horas extras, son populares entre ciertos sectores, críticos argumentan que la legislación colombiana ya contempla muchas de estas garantías, lo que hace que la iniciativa sea vista como redundante o manipuladora. Esta narrativa ha sido amplificada por figuras públicas y medios, como la periodista Juanita Gómez, quien ha calificado las declaraciones de Petro sobre convocar la consulta por decreto como “populismo barato”.
6. Desafíos de comunicación y movilización
Aunque Petro ha apostado por la movilización popular, su capacidad para conectar con las bases se ha visto debilitada por escándalos y errores no forzados. La percepción de ineficiencia, alimentada por su ausencia en 82 eventos públicos durante sus primeros once meses en el cargo y las críticas a su manejo de crisis como la pérdida de los Juegos Panamericanos, ha erosionado su credibilidad. Además, la decisión de no transmitir una alocución sobre la consulta, rechazada por las autoridades, limita su alcance comunicativo. La dependencia de marchas y eventos como el “Carnaval por la Vida” para movilizar apoyo podría no ser suficiente para contrarrestar la apatía electoral y la desconfianza de sectores desencantados.
En resumen, la Consulta Popular de Gustavo Petro representa un esfuerzo ambicioso por avanzar en su agenda de reformas políticas, pero enfrenta un camino plagado de obstáculos. La resistencia del Congreso, las barreras legales, los altos requisitos de participación, los costos económicos, la polarización y los desafíos de comunicación configuran un escenario complejo. Aunque Petro apela a la fuerza de las movilizaciones populares que lo llevaron al poder, su capacidad para superar estas dificultades dependerá de su habilidad para negociar con el legislativo, sortear los retos judiciales y reconectar con un electorado cada vez más escéptico. En un país donde la política es dinámica y las expectativas de cambio son altas, el éxito de esta iniciativa podría definir no solo el legado de Petro, sino también el futuro de la izquierda en Colombia.