Historia de cómo Colombia perdió primero la Costa de Mosquitos y luego el mar de San Andrés


Por: Carlos Andrés Naranjo-Sierra
Hoy estamos ad portas de perder 75.000 kilómetros cuadrados del mar de los siete colores de San Andrés debido a un fallo adverso de la Corte Penal Internacional que otorgó a Nicaragua una nueva porción del mar de Colombia. Para algunos el mar ya se perdió y solo nos queda aprender para cuidar el que nos queda, para otros, el tema se resume en desacatar el fallo, como anteriormente lo han hecho otros países en similares circunstancias.

Si uno mira el mapa actual, antes de que Juan Manuel Santos firme algún tratado con Daniel Ortega que haga efectivo el fallo, se dará cuenta rápidamente de que el mar territorial colombiano llega hasta el Meridiano 82, haciendo que la porción de aguas colombianas estén muy cerca de la costa de Nicaragua sin ninguna razón aparente. Y la razón es más simple de lo que parece: la costa nicaragüense de La Mosquita que abarca la totalidad de la costa atlántica del territorio que hoy ocupa Nicaragua, pertenecía al Virreinato de Santa Fe, que luego sería la Nueva Granada.

Desde el siglo XVI el territorio de San Andrés, Providencia y la Costa de Mosquitos (cuyo nombre no se origina en el conocido insecto sino en los indios miskitos que habitaban la región, aunque el historiador Jorge Eduardo Arellano argumenta que se debe a las armas de la época llamadas mosquetes) pertenecían a la Corona española, la cual estaba concentrada al interior del continente en la búsqueda de El Dorado, abriendo paso así a invasiones de piratas británicos en estos territorios, aunque posteriormente fueron repelidas por la corona ibérica hasta desplazar a los ingleses al territorio continental. Una vez Colombia se independizó de España, reclamó esos territorios, incluyendo la Costa de Mosquitos, ya que pertenecían al territorio del imperio recientemente depuesto.

Sin embargo, Nicaragua consideró la costa como parte de su espacio geográfico natural, y al igual que Colombia, intentó infructuosamente ejercer soberanía sobre la Costa de Mosquitos, dejando a los corsarios ingleses como amos y señores del territorio, quienes posteriormente perdieron interés y apoyo de la corona para defender el lugar y decidieron entregarlo a Nicaragua por medio del Tratado de Managua, firmado en 1.860 entre Nicaragua e Inglaterra, en el que se declaraba la Reserva Mosquita como propiedad nicaragüense y dejaba de lado las pretensiones colombianas.

A principios del siglo XX, Estados Unidos comenzó su carrera expansionista en Centroamérica y por medio de la Ley Guano decidió que eran suyas las islas de Quitasueño, Roncador y Serrana. Posteriormente también cercenaría a Panamá del territorio colombiano, apoyando el pequeño movimiento independentista del Istmo y asegurando así el paso de sus flotas militares y mercantes del océano Pacifico al Atlántico y viceversa a través de la construcción del Canal de Panamá. Dentro de esa carrera expansionista, Nicaragua no fue la excepción, y entre los años 1927 y 1933 se convirtió en centro de intervenciones armadas estadounidenses.

En 1928 Colombia firmó con Nicaragua el Tratado Esguerra-Bárcenas por medio del cual se reconocía la soberanía de Nicaragua sobre la costa de Mosquitos y las islas Mangles, mientras que Nicaragua reconocía la soberanía colombiana sobre el archipiélago de San Andrés y el Meridiano 82, dejando pendientes los cayos de Quitasueño, Roncador y Serrana por estar en litigio con Estados Unidos. De este modo Nicaragua aseguraba su salida al mar Caribe y Colombia confirmaba su posesión del Archipiélago y una porción de mar. El 4 de febrero de 1980 Nicaragua declaró unilateralmente la nulidad de este Tratado alegando su invalidez por considerar que fue presionada por Estados Unidos.

Y es así como el 6 de diciembre de 2001, Nicaragua presentó ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya una demanda para reclamar nuevas aguas y la soberanía del Archipiélago de San Andrés y Providencia, desconociendo la validez del Tratado Esguerra-Bárcenas, la cual fue aceptada por el gobierno del entonces presidente colombiano Andrés Pastrana, y que terminó en la sentencia del año 2012 que ya todos conocemos, en la cual se le reconoce a Colombia el dominio sobre los cayos pero se le asigna a Nicaragua una extensa porción de mar sobre la que ahora ha comenzado a reclamar también la plataforma continental.

La encrucijada de Santos


Cuando Santos dice que solo acatará el fallo de La Haya en tanto queden garantizados los derechos de los habitantes de San Andrés, lo que está queriendo significar es que va a acatar el despojo. Santos está en la que es, muy probablemente, la mayor encrucijada de su gobierno: si desacata el fallo, se cae el proceso de La Habana; si lo acata, se le cae la reelección (hoy solo lo reelegiría el 33 por ciento).

Y como Santos es un tahúr consumado, es fácil prever la jugada que se trae entre manos: va a tirarle los restos al proceso con las Farc y va a entregar el mar de San Andrés, pero sin admitirlo, logrando acuerdos con Ortega para que les permitan a los pescadores seguir echando sus redes ahí. Por supuesto, dará contentillo a los sanandresanos con casas gratis y otras arandelas, aunque terminarán olvidados, a la vuelta de unos meses, como cualquier Gramalote.

Pero, para que la reelección no se caiga, Santos tendría que firmar una paz con las Farc del tipo que propone el procurador Ordóñez -con sometimiento de la guerrilla, entrega de las armas y sin asamblea constituyente-, pues no se aceptará cosa distinta. De hecho, el apoyo que tenía este proceso se desinfló: según Ipsos, pasó del 77 al 57 por ciento; y, según Datexco, el respaldo es de solo el 49 por ciento. Es decir, la etapa de enamoramiento se acabó; cunde el realismo: solo el 25 por ciento cree que el proceso de ‘paz’ tendrá éxito y apenas el 18 por ciento cree en una voluntad real de paz de las Farc (Datexco).

Desde esa perspectiva, ¿por qué el Presidente no habría de hacer lo contrario, desacatando el fallo para ganar el favor popular de los colombianos? Santos se ha caracterizado por ser vacilante -no solo ahora-, por sus reversazos y por tratar de quedar bien con todo el mundo. Pero en lo que se ha mantenido firme desde el comienzo es en su relación contemporizadora con los nuevos mejores amigos, que es de quienes depende el proceso con las Farc. Quien tiene la llave es Chávez, y toda esa caterva -incluido Ortega- se tapa con la misma cobija, hasta el punto de ser válida la pregunta de si San Andrés hace o hacía parte de lo que se cocina en La Habana.

No en vano, Enrique Santos Calderón, hermano del Presidente y quien encabezó los acercamientos secretos con las Farc en Cuba, se apresuró a advertir que roces con Managua podrían abortar el proceso. A su vez, los amigos del apaciguamiento piden acatar el fallo so pena de graves consecuencias, que en casos similares no se han dado, y califican la reacción nacional de patrioterismo barato y ejemplo de laxitud moral. No dirían lo mismo si la pérdida fuera con un país que no perteneciera al Alba -digamos Panamá o Costa Rica- y muchísimo menos si fuera con los Estados Unidos: estarían haciendo revueltas y quemando banderas gringas en todo el país.

En el fondo, el problema no es Nicaragua, sino el vecino, que nos viene amenazando con sus Sukhoi hace tiempos. El mismo Santos, como columnista, fue el primero en denunciar la carrera armamentística de Chávez y en señalar que su objetivo, sin lugar a dudas, era Colombia. Roto el balance militar, la única manera de blindarnos contra sus pretensiones eran las bases gringas, que es por lo que causaban tanta repulsión entre los socialistas del siglo XXI. Paradójicamente, fue Santos el que desmontó el acuerdo para su instalación dejando al país inerme, al alcance de los lobos. Y ahora Ortega anuncia ejercicios militares con los gringos… ¡Vivir para ver!

El que parece que no va a vivir mucho es Chávez y ahí tocaría barajar de nuevo. Pero, por ahora, la apuesta de Santos es un caso perdido: creer en un proceso que no tiene norte e irse en contra del 83 por ciento de colombianos que piden el desacato puede marcar el lánguido final de un gobierno que, por un cúmulo de errores, se quedó sin margen de maniobra.

Fuente: Eltiempo.com