Por: Cecilia Orozco Tascón
Ni siquiera Uribe había logrado sacarlo tanto de quicio. El autor del cataclismo que parece estar sufriendo el Gobierno no es, tampoco, su primo Francisco. No son las Farc con las que mantiene una relación de bipolaridad extrema. Ni Piedad Córdoba, a quien odia como si él fuera el mismísimo procurador. El sujeto de sus desvelos es un senador de la República, elegido bajo las reglas de juego de esta tacaña democracia, pese a estar en el desierto de la oposición real. Jorge Enrique Robledo obtuvo, por si fuera poco, la tercera votación más alta del Congreso, 165 mil papeletas depositadas por él, verdadero milagro en el océano de clientelismo en que se desenvuelven las elecciones en Colombia, pues sus votos son de opinión y no de puestos.
El doctor Santos cometió un error garrafal cuando vinculó a Robledo —por sí y mediante su atolondrado ministro del Interior— a la violencia que se ha desatado en los sitios donde hay protestas y paros. La acusación no podría ser más traída de los cabellos: un amigo del senador, antiguo dirigente regional del Polo y no un activista clandestino, intercambió mensajes con jóvenes amigos suyos que a su vez habrían participado en las pedreas. Así, sin prueba alguna y con un par de hipótesis ligeras, la cabeza del Gobierno y su segundo comprometieron su credibilidad en una “denuncia” por algo que hoy, ni ellos quisieran repetir, tan absurdo fue lo que dijeron. Pero suponga usted que resultara exacta esa versión. ¡El parlamentario sería culpable de lo que habrían hecho unos terceros! Ni en la Inquisición.
¿Cuál es el motivo de tanta piquiña? Hay una sola respuesta: la polémica, puesta sobre el tapete por el senador, por la adquisición de 40, 50 o 60 mil hectáreas de baldíos destinados a pequeñas unidades campesinas, por parte de ricas empresas nacionales como Riopaila y de grandes multinacionales de los alimentos como Cargill, a través de transacciones y figuras creadas para hacerle el quite a la ley vigente que prohíbe la acumulación de esas unidades en una sola propiedad. Y la participación, ¡ay, señor presidente¡, de uno de sus mejores amigos en el engranaje jurídico que les dio apariencia de legalidad a esas compras. Carlos Urrutía, embajador designado por el jefe de Estado en Washington y socio de la firma de abogados Brigard Urrutia que estructuró tales negocios, se vio forzado a renunciar como consecuencia de la discusión que abrió el parlamentario del Polo cuando puso en público la reconcentración de tierras. Esta columna se escribe antes del debate de Robledo en el Senado que debió celebrarse anoche. La renuncia de Urrutia buscaba, no lo duden, reducir el impacto de la sesión. Pero por el rumbo que quiere darle el Gobierno, el asunto va para largo. La pesada de los empresarios y de los abogados se unió para ambientar la teoría presidencial de que hay que proteger la “seguridad jurídica” de las inversiones, como si defender a los socios de Riopaila y demás concentradores fuera igual que defender las leyes preexistentes en un Estado de derecho, las que hoy pretenden modificar para legalizar lo que debería judicializarse. Ni Uribe llegó tan lejos con su Carimagua y su Agro Ingreso Seguro. Perdón, no entiendo: ¿de qué estamos hablando: de restitución o de despojo?
Entre paréntesis. Atención periodistas: envuelta en el algodón de la absolución al comunicador Luis Agustín González viene la más peligrosa argumentación a favor del recorte de la libertad de opinión. La amenaza es peor hoy que ayer, porque es de la Sala Penal de la Corte Suprema, la que amenazó con denuncias penales a dos columnistas por sus comentarios, entre ellas a quien escribe aquí.
Fuente: ElEspectador.com