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La Fiscalía determinó que los empresarios e industriales que “por convicción y/o conveniencia” hayan contribuido a grupos paramilitares, podrían ser investigados por el delito de “concierto para delinquir agravado como crimen de lesa humanidad.”

Pues, según el ente de control, la expansión del paramilitarismo en el Urabá se dio gracias al apoyo financiero y logístico de las empresas bananeras de la región, apoyo que no fue por obligación.

Según la Fiscalía, aquellos que hayan apoyado a grupos ilegales en Urabá, también serán procesados. “Entiéndase Farc, Epl, Eln y la Corriente de Renovación Socialista CRS, organizaciones armadas, que documentalmente se encuentra probado hicieron presencia en esa zona desde la década de los 70 y fueron presumiblemente autoras de un sinnúmero de hechos delictivos”.

Hay pruebas que demuestran que las Cooperativas de Vigilancia (Convivir) fueron diseñadas desde el paramilitarismo y usadas como una fachada para recibir financiación de las empresas bananeras y como un medio “para la adquisición de armamento de uso privativo de la Fuerza Pública”, afirmó la Fiscalía.

Raúl Sánchez, profesor de la Universidad del Rosario y abogado litigante ante la Corte Penal Internacional, explicó que un crimen de lesa humanidad se caracteriza por ser una conducta generalizada y sistemática contra la población civil y aclaró que “lo que hizo la Fiscalía fue recoger legislación internacional y nacional, pues la Corte Suprema de Justicia ha señalado que muchas conductas, como el concierto para delinquir, son crímenes de lesa humanidad”.

Sánchez señaló que la Fiscalía está siendo consecuente con lo que la Comisión Interamericana de Derechos humanos le recomendó al Estado colombiano en 2012 , cuando pidió investigar la financiación de grupos armados bajo el delito de concierto para delinquir agravado, que en el caso de varios congresistas procesados por parapolítica, fue declarado como crimen de lesa humanidad.