Por: Andrés Mejía Vergnaud*
Manifesté hace una semana mi preocupación por la posible medida de encarcelamiento preventivo contra Andrés Felipe Arias, ex ministro de agricultura. Hoy manifiesto mi fuerte desacuerdo con esa medida, ya tomada, y que a mi modo de ver obedece sobre todo a las presiones de la opinión pública, a ese grito que desde las barras y las tribunas ha corrompido la sana administración de justicia. Aclaremos algo: si Arias es culpable de un delito, tal cosa deberá ser establecida y probada en la etapa del juicio. Pero por lo pronto, constituye un exceso enviarlo a prisión. Las medidas preventivas de encarcelamiento deberían ser excepcionales, y al decretarlas el juez ha de atenerse a la más rigurosa interpretación de la ley. Ésta contiene requisitos muy estrictos para que se pueda privar de la libertad a una persona antes de que se le lleve a juicio. De por medio está la libertad de un ser humano, por lo cual, en la interpretación de estos requisitos, debe el juez ceñirse a los hechos, y no a las sospechas o a las corazonadas. Reclamo, como todos debemos reclamar, apego a la ley, por encima de pasiones políticas o personales.
*Director Académico del Instituto de Ciencia Política